Por Hernán López
La aprobación del proyecto de ley, que venía con media sanción de la Cámara de Diputados y esta semana recibió el aval definitivo dentro del Senado, resume las principales líneas de interés político que despierta el distrito de San Isidro. Y eso abarca desde los conflictos entre Gustavo Posse y la familia de Sergio Massa, que terminó de estallar en el verano, a la política habitacional del propio Intendente, otra vez en evidencia.
En primer lugar, entonces, sobresale la disyuntiva entre el precandidato a la Gobernación y los Galmarini.
Cabe recordar que Sebastián Galmarini es el hermano de Malena, la esposa de Massa y, por lo tanto, cuñado de este último. Es senador provincial y uno de los que votó a favor, además de celebrar la sanción de la iniciativa que presentara María Fernanda Pan Rivas a fines del año pasado con particular ímpetu y críticas a la Municipalidad de San Isidro.
"Estoy muy contento por restituir un derecho a los vecinos que merecen vivir dignamente", explicó.
"Ese barrio no sólo es una villa miseria, son casas que con esta ley van a transformar definitivamente la fisonomía del barrio. Espero que todos juntos, concejales, legisladores e intendentes, y todos aquellos que cumplan con funciones de Gobierno, podamos trabajar para hacer una sociedad más inclusiva y que nuestros vecinos tengan vidas más dignas", fundamentó el legislador.
Él y Malena Galmarini son hijos de Fernando Galmarini, hombre fuerte del riñón de Eduardo Duhalde hasta una década atrás, y Marcela Durrieu, concejala del municipio. Durrieu fue candidata a edila del Frente Renovador en los comicios de 2013, su lista finalizó en segundo lugar -capitalizando una parte de la baja del possismo en las urnas- y ahora trabaja para candidatearse a la Intendencia este año.
Los Galmarini, hasta enero de este año, compartían espacio con el mismo Posse. Una incongruencia que sólo era posible en un sector como el massismo, que aglutinó corrientes políticas y dirigentes contrastantes por más de un año, siempre sin medir las consecuencias y -no sin sorpresas- empezó a pagar el costo de tamaña estrategia.
Posse había puesto a sus candidatos en una boleta colectora que traccionó votos para Massa en 2013 mientras, en el pago chico, Durrieu y compañía cargaban contra él. Esos ataques siguieron durante 2014 hasta que, a principios de este año, llegaron con fuerza a los pasillos judiciales: el fiscal Jorge Di Lello tomó una denuncia contra Posse por presunta malversación de fondos públicos entre 2005 y 2007, aportados por Nación para acondicionar asentamientos precarios y construir nuevas viviendas y que, en lugar de eso, habría sido usado con otros fines.
Será dirimido en la Justicia. Pero Posse no toleró la maniobra de los Galmarini, pegó el portazo con duras críticas y abrió una sangría en el FR que Massa todavía teme. Ahora busca amparo en el PRO y en su radicalismo original, pero nadie tuvo el gesto que él esperaba: darle la bienvenida y recibirlo con los brazos abiertos; por el contrario, nadie lo reconoce.
Estas disputas de tinte político son chiquitas comparadas con la cuestión de fondo en San Isidro, que es el problema de la vivienda. Si bien la comuna es conocida por los barrios más ricos, donde viven algunas de las familias más distinguidas de la región metropolitana, la realidad marca que no está ajeno a problemas asociados con otros distritos, como pasa, por ejemplo, en la misma región norte del Gran Buenos Aires.
Frente a la problemática del barrio Uspallata, Posse traía otra idea entre sus manos. En lugar de urbanizar el asentamiento, habitado por decenas de familias desde hace décadas y con algunas de las carencias más elementales (como acceso a cloacas, agua potable y gas de red, por nombrar las más importantes), el jefe comunal proponía otro tipo de solución: pagar una compensación económica a las mismas familias para que abandonen su jurisdicción y construyan en otra tierra (otro distrito u otra provincia).
La medida fue resistida por los vecinos de Uspallata, que rechazaron el proyecto e hicieron varias protestas para evitar que esa ordenanza avanzara en el Concejo Deliberante, donde Posse contaba con los números suficientes para aprobarlo sin demasiados inconvenientes. La propuesta de la Legislatura bonaerense pone fin a la polémica.
No así a la polémica por la actitud del citado Posse. Que apostaba por la erradicación de las familias pertenecientes a ese barrio precario, pero evidenció cuál era su preferencia en materia inmobiliaria un año atrás cuando, lejos de eso, avanzó con otro proyecto llamativo: la cesión de una porción del Hipódromo de San Isidro a una empresa para la edificación de un barrio privado en una zona tradicional y cara a los sentimientos de todos los sanisidrenses. Eso fue convalidado en el HCD local, pero frenado en la Justicia, también por accionar de los Galmarini.
Todos estos ejes, sin dudas, harán eclosión en las elecciones de este año.
Regresar
